PP, único que ha rechazado la propuesta que partía de atentar contra la Ciencia al ver al nasciturus como parte del cuerpo de la mujer. PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP la apoyan. CiU, dividida: CDC da libertad de voto y la sustentan todos menos dos abstenciones; UDC se ha abstenido, al igual que C's.

REDACCIÓN HO.- El Parlamento de Cataluña ha rechazado este jueves una posible revisión por parte del Gobierno central de la mal llamada Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como Ley Aído o Ley de barra libre al aborto.

Ha sido una votación que ha dividido la posición de los diputados de CiU: CDC ha dado libertad de voto y UDC se ha abstenido. A favor de la moción, presentada por el PSC, han votado ERC, ICV-EUiA, la CUP, mientras que el PP es el único partido que lo ha rechazado. De los diputados de CDC, todos han votado a favor de la moción salvo la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que junto con la diputada Gloria Renom se han sumado al bloque de la abstención junto con los democristianos y C's.

La Cámara ha vptado asi la moción que rechazaba la revisión anunciada por el Gobierno que "comporte un retroceso en la libertad de decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos", lo que muestra el claro sesgo ideológico de la iniciativa que atenta contra la misma Ciencia que evidencia que el no nacido es desde la fecundación un ser humano con una carga genética irrepetible, que le hace propio y distinto a los demás.

Este punto ha sido aprobado por 88 votos a favor -los de CDC, con la excepción de Rigau y Renom que se han abstenido-, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP-, 18 votos en contra -del PPC- y 23 abstenciones -las de UDC y las dos diputadas de CDC y Ciutadans (C's).

PP, único que ha rechazado la propuesta que partía de atentar contra la Ciencia al ver al nasciturus como parte del cuerpo de la mujer. PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP la apoyan. CiU, dividida: CDC da libertad de voto y la sustentan todos menos dos abstenciones; UDC se ha abstenido, al igual que C's.

REDACCIÓN HO.- El Parlamento de Cataluña ha rechazado este jueves una posible revisión por parte del Gobierno central de la mal llamada Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como Ley Aído o Ley de barra libre al aborto.

Ha sido una votación que ha dividido la posición de los diputados de CiU: CDC ha dado libertad de voto y UDC se ha abstenido. A favor de la moción, presentada por el PSC, han votado ERC, ICV-EUiA, la CUP, mientras que el PP es el único partido que lo ha rechazado. De los diputados de CDC, todos han votado a favor de la moción salvo la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que junto con la diputada Gloria Renom se han sumado al bloque de la abstención junto con los democristianos y C's.

La Cámara ha vptado asi la moción que rechazaba la revisión anunciada por el Gobierno que "comporte un retroceso en la libertad de decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos", lo que muestra el claro sesgo ideológico de la iniciativa que atenta contra la misma Ciencia que evidencia que el no nacido es desde la fecundación un ser humano con una carga genética irrepetible, que le hace propio y distinto a los demás.

Este punto ha sido aprobado por 88 votos a favor -los de CDC, con la excepción de Rigau y Renom que se han abstenido-, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP-, 18 votos en contra -del PPC- y 23 abstenciones -las de UDC y las dos diputadas de CDC y Ciutadans (C's).

"El embarazo no está asociado a ningún incremento de riesgo para los trastornos mentales” por sí mismo, certifica la presidenta de la Asociación Madrileña de Psiquiatría. 

“Si el Gobierno quiere plantearse una reforma en serio de la ley del aborto para proteger la vida humana no puede caer de nuevo en el ‘coladero’”, advierte la doctora Gádor Joya.

MADRID, 23 DE MAYO DE 2013.- El respaldo explícito del ministro de Justicia, en una entrevista radiofónica, al supuesto despenalizador del “riesgo para la salud psicológica de la madre” contemplado en la ley del aborto de 1985 “no se corresponde con la promesa electoral del Partido Popular de modificar la ley del aborto para proteger la vida humana. En ese sentido, es una traición a sus votantes”, según explica la doctora Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir.

Pero más allá de la valoración sobre la validez de la palabra dada por el PP a sus votantes en las últimas elecciones, Derecho a Vivir alerta al ministro de Justicia sobre el hecho de que el llamado “riesgo para la salud psicológica” no es un diagnóstico médico.

“Se trata de un término ambiguo y no médico que se presta a interpretaciones arbitrarias y que, de validarse en la nueva ley, volvería a convertirse en un coladero para el aborto libre”, señala  Joya.

De hecho, los psiquiatras se ocupan de diagnosticar trastornos mentales y no “riesgos” como explicó en las II Jornadas Científicas por el Derecho a Vivir la presidenta de la Sociedad Madrileña de Psiquiatría, la doctora Marina Díaz en su ponencia “El embarazo en la mujer con enfermedad mental”: “Todos estamos en riesgo de sufrir un trastorno mental. Pero ¿qué es el riesgo? ¿Cuánto riesgo? […] Los psiquiatras sabemos de trastornos mentales, no de riesgos. Los trastornos mentales nada tienen que ver con el riesgo”.

La doctora Díaz señaló igualmente que “el embarazo no está asociado a ningún incremento de riesgo para los trastornos mentales” por sí mismo, según detalla un estudio epidemiológico realizado en 2002 realizado con 43.000 mujeres y que comparaba indicadores psiquiátricos diferenciando entre las que habían estado embarazadas el año previo y las que no. Por tanto, subrayaba la doctora Díaz “el embarazo en sí mismo no es un detonante para el trastorno mental”, y sí lo pueden ser “otras características de la mujer: edad, estado civil, estado de salud, estrés, etc”.

Por otra parte, está comprobado que el embarazo, lejos de suponer un factor de empeoramiento de multitud de enfermedades psiquiátricas, puede ser un factor de recuperación. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad y el bipolar “mejoran durante el embarazo por el incremento hormonal natural”. Y en los trastornos límite de personalidad, tener un hijo “hace que mejore radicalmente” la situación del paciente.

Así, como conclusión general, la doctora Díaz subraya que “las enfermedades mentales mejoran durante el embarazo” y también pueden ser tratadas sin riesgo para la gestación.

“Si el Gobierno quiere plantearse una reforma en serio de la ley del aborto para proteger la vida humana ha de tener en cuenta todos estos hechos médicos y no caer de nuevo en el ‘coladero’ de 1985 consagrado en laley de 2010”, subraya Gádor Joya.

En todo caso, “no se puede poner en pie de igualdad el derecho fundamental a la vida y una probabilidad indeterminada de una supuesta alteración psicológica. No puede plantearse que hay una colisión de derechos”, expone la portavoz de DAV.

MATERIALES

CV de la doctora Marina Díaz, AQUÍ

Totales de la doctora Díaz en la II Jornada CienciaDAV. AQUÍ

"El embarazo no está asociado a ningún incremento de riesgo para los trastornos mentales” por sí mismo, certifica la presidenta de la Asociación Madrileña de Psiquiatría. 

“Si el Gobierno quiere plantearse una reforma en serio de la ley del aborto para proteger la vida humana no puede caer de nuevo en el ‘coladero’”, advierte la doctora Gádor Joya.

MADRID, 23 DE MAYO DE 2013.- El respaldo explícito del ministro de Justicia, en una entrevista radiofónica, al supuesto despenalizador del “riesgo para la salud psicológica de la madre” contemplado en la ley del aborto de 1985 “no se corresponde con la promesa electoral del Partido Popular de modificar la ley del aborto para proteger la vida humana. En ese sentido, es una traición a sus votantes”, según explica la doctora Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir.

Pero más allá de la valoración sobre la validez de la palabra dada por el PP a sus votantes en las últimas elecciones, Derecho a Vivir alerta al ministro de Justicia sobre el hecho de que el llamado “riesgo para la salud psicológica” no es un diagnóstico médico.

“Se trata de un término ambiguo y no médico que se presta a interpretaciones arbitrarias y que, de validarse en la nueva ley, volvería a convertirse en un coladero para el aborto libre”, señala  Joya.

De hecho, los psiquiatras se ocupan de diagnosticar trastornos mentales y no “riesgos” como explicó en las II Jornadas Científicas por el Derecho a Vivir la presidenta de la Sociedad Madrileña de Psiquiatría, la doctora Marina Díaz en su ponencia “El embarazo en la mujer con enfermedad mental”: “Todos estamos en riesgo de sufrir un trastorno mental. Pero ¿qué es el riesgo? ¿Cuánto riesgo? […] Los psiquiatras sabemos de trastornos mentales, no de riesgos. Los trastornos mentales nada tienen que ver con el riesgo”.

La doctora Díaz señaló igualmente que “el embarazo no está asociado a ningún incremento de riesgo para los trastornos mentales” por sí mismo, según detalla un estudio epidemiológico realizado en 2002 realizado con 43.000 mujeres y que comparaba indicadores psiquiátricos diferenciando entre las que habían estado embarazadas el año previo y las que no. Por tanto, subrayaba la doctora Díaz “el embarazo en sí mismo no es un detonante para el trastorno mental”, y sí lo pueden ser “otras características de la mujer: edad, estado civil, estado de salud, estrés, etc”.

Por otra parte, está comprobado que el embarazo, lejos de suponer un factor de empeoramiento de multitud de enfermedades psiquiátricas, puede ser un factor de recuperación. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad y el bipolar “mejoran durante el embarazo por el incremento hormonal natural”. Y en los trastornos límite de personalidad, tener un hijo “hace que mejore radicalmente” la situación del paciente.

Así, como conclusión general, la doctora Díaz subraya que “las enfermedades mentales mejoran durante el embarazo” y también pueden ser tratadas sin riesgo para la gestación.

“Si el Gobierno quiere plantearse una reforma en serio de la ley del aborto para proteger la vida humana ha de tener en cuenta todos estos hechos médicos y no caer de nuevo en el ‘coladero’ de 1985 consagrado en laley de 2010”, subraya Gádor Joya.

En todo caso, “no se puede poner en pie de igualdad el derecho fundamental a la vida y una probabilidad indeterminada de una supuesta alteración psicológica. No puede plantearse que hay una colisión de derechos”, expone la portavoz de DAV.

MATERIALES

CV de la doctora Marina Díaz, AQUÍ

Totales de la doctora Díaz en la II Jornada CienciaDAV. AQUÍ

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este jueves que la reforma de la 'Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo' contemplará "las situaciones difíciles a las que se enfrenta la mujer en los casos de malformaciones".

REDACCIÓN HO.- El titular de la cartera de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha insistido en que los supuestos en los que esté prevista la interrupción voluntaria del embarazo están en "estudio" al estar la reforma en fase de elaboración, pero ha expresado también la necesidad de adecuar la actúal legislación a los convenios internacionales como la Convención de Naciones Unidas de protección de los derechos de personas con discapacidad.

Siguen esperando, a razón de trecientos niños abortados al día

"En el ministerio estamos esperando a ver cuál debe ser la redacción adecuada de nuestra legislación para que no se vulneren esos acuerdos internacionales, pero será una ley que resolverá la situaciones difíciles a la que se enfrenta la mujer en caso de una malformación", ha indicado Gallardón en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El aborto sí que genera sufrimiento y es la muerte prematura de un ser humano inocente

De este modo, el ministro ha concretado lo que ya apuntó el martes en el Senado, cuando dejó caer que este tipo de situaciones quedarían recogidas en la norma como se ha hecho hasta ahora. Fue al responder a la portavoz de la Entesa Mónica Almiñana, quien denunció el "gran sufrimiento tanto para el nacido como para los padres" que genera este tipo de enfermedades y afirmó que Gallardón no podía "obligar a convivir a miles de personas con la enfermedad y el sufrimiento o con la muerte prematura de los hijos".

No nacidos, delatados en su enfermedad, catalogados como de primera o de segunda

"No magnifique, no haga caricatura y no lleve un tema tan sensible como este a supuestos que, naturalmente, nada tienen que ver con aquellos a los que se refiere la Convención de Naciones Unidas (sobre derechos de las personas con discapacidad) y que naturalmente, la legislación contemplará como ha contemplado siempre", dijo entonces a la senadora.

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este jueves que la reforma de la 'Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo' contemplará "las situaciones difíciles a las que se enfrenta la mujer en los casos de malformaciones".

REDACCIÓN HO.- El titular de la cartera de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha insistido en que los supuestos en los que esté prevista la interrupción voluntaria del embarazo están en "estudio" al estar la reforma en fase de elaboración, pero ha expresado también la necesidad de adecuar la actúal legislación a los convenios internacionales como la Convención de Naciones Unidas de protección de los derechos de personas con discapacidad.

Siguen esperando, a razón de trecientos niños abortados al día

"En el ministerio estamos esperando a ver cuál debe ser la redacción adecuada de nuestra legislación para que no se vulneren esos acuerdos internacionales, pero será una ley que resolverá la situaciones difíciles a la que se enfrenta la mujer en caso de una malformación", ha indicado Gallardón en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El aborto sí que genera sufrimiento y es la muerte prematura de un ser humano inocente

De este modo, el ministro ha concretado lo que ya apuntó el martes en el Senado, cuando dejó caer que este tipo de situaciones quedarían recogidas en la norma como se ha hecho hasta ahora. Fue al responder a la portavoz de la Entesa Mónica Almiñana, quien denunció el "gran sufrimiento tanto para el nacido como para los padres" que genera este tipo de enfermedades y afirmó que Gallardón no podía "obligar a convivir a miles de personas con la enfermedad y el sufrimiento o con la muerte prematura de los hijos".

No nacidos, delatados en su enfermedad, catalogados como de primera o de segunda

"No magnifique, no haga caricatura y no lleve un tema tan sensible como este a supuestos que, naturalmente, nada tienen que ver con aquellos a los que se refiere la Convención de Naciones Unidas (sobre derechos de las personas con discapacidad) y que naturalmente, la legislación contemplará como ha contemplado siempre", dijo entonces a la senadora.

Esta acción se enmarca en la campaña Borraelaborto.org, impulsada por la plataforma para animar al Gobierno a legislar a favor del derecho de todos a la vida.

Esta acción se enmarca en la campaña Borraelaborto.org, impulsada por la plataforma para animar al Gobierno a legislar a favor del derecho de todos a la vida.

Un fallo ejemplar con definiciones contundentes sobre del derecho a la vida del niño por nacer y sobre la ilicitud del aborto.

REDACCIÓN HO.- Según informa Argentinos Alerta, la Cámara Tercera en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba (Argentina) resolvió por unanimidad en fallo definitivo declarar inconstitucional en su totalidad -por violación de la Constitución provincial y de la ley 6222 que la reglamenta el ejercicio de la medicina en la provincia- el "Protocolo de abortos no punibles" de la Provincia de Córdoba.

La contundente sentencia, gracias al recurso de la Asociación Portal de Belén

El fallo enfatiza que el aborto sigue siendo ilegal en Argentina y que, por lo tanto, no se puede exigir un "derecho" a ejecutar una conducta ilícita:

• "El hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible".
• "... existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla".

El fallo es consecuencia de la acción de Amparo entablada por la Asociación civil Portal de Belén contra la Provincia de Córdoba en el mes de abril de 2012, debido a que ésta última dictó una resolución que permitía la práctica de abortos en el sistema de salud de la provincia, con la sola condición de que la madre firmara una declaración jurada sosteniendo que el embarazo era producto de una violación. Además, la resolución ministerial obligaba a los hospitales públicos de la provincia a ejecutar los abortos en esas condiciones.

El aborto no es la solución

El fallo reconoce que el protocolo de aborto no punible favorece que el violador quede impune, con lo cual se ocultan situaciones de violencia que ocurren cuando el violador no es un desconocido sino que pertenece al entorno de la víctima:

• " ...la solución de “hacerla abortar” normalmente acarrea una huella psicológica y además, favorece un “ocultamiento” del verdadero problema subyacente en la mayoría de los casos, que es la existencia de situaciones de violencia familiar deja impunes a sus responsables y favorece con el silencio su continuidad. La solución que adopta el orden jurídico de Córdoba hace visible el verdadero problema y permite que se brinden a la mujer víctima de esa violencia, medidas adecuadas de protección y contención."

El aborto es siempre "la privación de la vida de un niño"

Reproducimos a continuación las contundentes definiciones del fallo sobre el derecho a la vida del niño por nacer y sobre la ilicitud del aborto:

• "Si el Congreso de la Nación tiene potestades delegadas para legislar en materia penal, sólo él puede determinar cuándo una conducta es merecedora de sanción penal y cuándo no lo es. Ahora bien, el hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible."
• "De ahí que es innegable que existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla, pero la distancia es todavía mayor si lo comparamos con reconocer el derecho a que se proporcionen los medios materiales para ejecutarla."
• "... el Código Penal no otorga una autorización para abortar en los casos de los incisos del art. 86 ni, menos aún, confiere un derecho a hacerlo; se limita a disponer que en esos casos no habrá sanción penal, pero eso no obsta a la plena vigencia de las normas civiles y de Derecho Público local que siguen regulando las consecuencias no penales de esos abortos como actos antijurídicos que continúan siendo, aunque se los haya eximido de pena."
• "No porque el legislador nacional haya dispuesto que, en ciertas condiciones, no es punible el aborto, éste deja de ser la privación de la vida de un niño."
• " ... el Gobierno Federal puede decidir si desincrimina o no el aborto en determinadas circunstancias, pero de ahí a imponerle a la Provincia que, a través de sus instituciones sanitarias, deba acudir en auxilio material y positivo de quien desee cometer el aborto, hay una inmensa distancia, máxime cuando esto es clara y manifiestamente reñido con disposiciones explícitas de la Constitución local."
• "De ahí que se verifica con toda claridad que la vigencia de dicha reglamentación administrativa constituye una amenaza inminente y grave para el derecho a la vida de los niños por nacer y, como la incompatibilidad con la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales salta a la vista sin necesidad de mayor debate o prueba, estamos frente a un supuesto de ilegitimidad manifiesta del acto lesivo, que torna procedente sustancialmente la acción de amparo intentada".

Un fallo ejemplar con definiciones contundentes sobre del derecho a la vida del niño por nacer y sobre la ilicitud del aborto.

REDACCIÓN HO.- Según informa Argentinos Alerta, la Cámara Tercera en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba (Argentina) resolvió por unanimidad en fallo definitivo declarar inconstitucional en su totalidad -por violación de la Constitución provincial y de la ley 6222 que la reglamenta el ejercicio de la medicina en la provincia- el "Protocolo de abortos no punibles" de la Provincia de Córdoba.

La contundente sentencia, gracias al recurso de la Asociación Portal de Belén

El fallo enfatiza que el aborto sigue siendo ilegal en Argentina y que, por lo tanto, no se puede exigir un "derecho" a ejecutar una conducta ilícita:

• "El hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible".
• "... existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla".

El fallo es consecuencia de la acción de Amparo entablada por la Asociación civil Portal de Belén contra la Provincia de Córdoba en el mes de abril de 2012, debido a que ésta última dictó una resolución que permitía la práctica de abortos en el sistema de salud de la provincia, con la sola condición de que la madre firmara una declaración jurada sosteniendo que el embarazo era producto de una violación. Además, la resolución ministerial obligaba a los hospitales públicos de la provincia a ejecutar los abortos en esas condiciones.

El aborto no es la solución

El fallo reconoce que el protocolo de aborto no punible favorece que el violador quede impune, con lo cual se ocultan situaciones de violencia que ocurren cuando el violador no es un desconocido sino que pertenece al entorno de la víctima:

• " ...la solución de “hacerla abortar” normalmente acarrea una huella psicológica y además, favorece un “ocultamiento” del verdadero problema subyacente en la mayoría de los casos, que es la existencia de situaciones de violencia familiar deja impunes a sus responsables y favorece con el silencio su continuidad. La solución que adopta el orden jurídico de Córdoba hace visible el verdadero problema y permite que se brinden a la mujer víctima de esa violencia, medidas adecuadas de protección y contención."

El aborto es siempre "la privación de la vida de un niño"

Reproducimos a continuación las contundentes definiciones del fallo sobre el derecho a la vida del niño por nacer y sobre la ilicitud del aborto:

• "Si el Congreso de la Nación tiene potestades delegadas para legislar en materia penal, sólo él puede determinar cuándo una conducta es merecedora de sanción penal y cuándo no lo es. Ahora bien, el hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible."
• "De ahí que es innegable que existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla, pero la distancia es todavía mayor si lo comparamos con reconocer el derecho a que se proporcionen los medios materiales para ejecutarla."
• "... el Código Penal no otorga una autorización para abortar en los casos de los incisos del art. 86 ni, menos aún, confiere un derecho a hacerlo; se limita a disponer que en esos casos no habrá sanción penal, pero eso no obsta a la plena vigencia de las normas civiles y de Derecho Público local que siguen regulando las consecuencias no penales de esos abortos como actos antijurídicos que continúan siendo, aunque se los haya eximido de pena."
• "No porque el legislador nacional haya dispuesto que, en ciertas condiciones, no es punible el aborto, éste deja de ser la privación de la vida de un niño."
• " ... el Gobierno Federal puede decidir si desincrimina o no el aborto en determinadas circunstancias, pero de ahí a imponerle a la Provincia que, a través de sus instituciones sanitarias, deba acudir en auxilio material y positivo de quien desee cometer el aborto, hay una inmensa distancia, máxime cuando esto es clara y manifiestamente reñido con disposiciones explícitas de la Constitución local."
• "De ahí que se verifica con toda claridad que la vigencia de dicha reglamentación administrativa constituye una amenaza inminente y grave para el derecho a la vida de los niños por nacer y, como la incompatibilidad con la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales salta a la vista sin necesidad de mayor debate o prueba, estamos frente a un supuesto de ilegitimidad manifiesta del acto lesivo, que torna procedente sustancialmente la acción de amparo intentada".