Dirigido también contra doce de sus colaboradores por 115 delitos de aborto, falsedad documental, asociación ilícita e intrusismo profesional.
"Es necesario perseguir el fraude de ley permanente de los empresarios del aborto. Una vuelta a la ley del 85 no es suficiente para frenar los desmanes de los patronos de la industria del aborto", afirma la Dra. Joya.
Ante el anuncio de la Fiscalía de solicitar el archivo de las diligencias contra Morín por abortos ilegales, el CJTM recuerda que los hechos siguen siendo punibles con la nueva ley y que el propio Centro estudia el plantear cuestión de inconstitucionalidad.
DAV denuncia la nueva asistencia a los empresarios del aborto por parte del Ministerio Público, esclavo del sectarismo del Gobierno, al pedir el sobreseimiento de la rama madrileña de la trama.