Una decisión política sin precedentes en España, tomada por la Junta de Andalucía tras el desacuerdo entre médicos y el hijo de una paciente en coma en Huelva, prima el 'deseo del paciente' al criterio médico, imponiendo las prácticas eutanásicas de la ley andaluza de 'muerte digna'.
“Muchos objetores son los se quejan para que no se crea el termostato de sus conciencias”, recuerdan desde ANDOC al presidente de la OMC, a quien Ignacio Arsuaga puso en aprietos por su articulado antivida.
Están en riesgo, por tanto, la mismísima naturaleza de los Estados democráticos y la función social de la medicina que por motivaciones ajenas se ve presionada para asumir funciones que no le son propias.
Durante una audiencia pública en la sede del Consejo de Europa, presentó una interpelación al Comité de Ministros.
Centra el Informe que se presentará mañana en audiencia pública del Consejo de Europa, organizada por ANDOC y por el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, con la participacion de Ginecólogos DAV.
Se presentará el miércoles 22 en el Consejo de Europa, sobre las vulneraciones del derecho a la objeción de conciencia de profesionales de la Sanidad Pública.
Ginecólogos por el Derecho a Vivir recibe con satisfacción este freno a la pretensión de obligar a los médicos a ser cooperadores necesarios en la destrucción de vidas humanas.
Investigadores y Profesionales por la vida ponen 'los puntos sobre las íes' y abogan por la inclusión de la objeción de conciencia.
Los objetores de atención primaria dan batalla: "Se trata de un acto médico, aunque el SAS lo venda como un acto administrativo, y participar en la muerte de un ser humano nunca es un acto médico".